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Cosa pública

Fruticultura: Explotación y glamour

(Por Claudio Scaletta) El entramado económico, político y mediático que conduce la fruticultura del Alto Valle. La desaparición de chacareros por acción de un puñado de exportadores, la falsa conciencia de los productores y el nulo efecto derrame de la macroeconomía macrista. Una historia para conocer.

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Revista CIC (San Carlos de Bariloche) 

11/02/2016 | Camino

  • La versión original de esta nota fue publicada en la Revista CIC (Periodismo con intervención del cronista). "CIC busca revitalizar el rol del periodista, su intermediación franca, transparente, respetuosa con el derecho del lector a una información cierta, y bien tratada. Es también un ámbito para el disenso y la discusión, la confrontación de miradas, la amplitud de horizontes".
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El consumidor medio de zonas no productoras, sabe que la fruta es para él relativamente cara. La pera de estación, cosechada pocos días atrás en el Alto Valle de Río Negro, puede verse, por ejemplo, en las verdulerías del centro de Bariloche a 20 pesos el kilo. En los supermercados, las manzanas de la cosecha pasada se venden hasta en 40 pesos. Los precios no son muy diferentes, por ejemplo, a lo que se pagan en Buenos Aires. Con esos valores y al margen del negocio de la exportación, la crema de la actividad, la producción frutícola parece una actividad rentable.


Cuando se llega a la zona de producción y se conversa con los empresarios exportadores, parece también una actividad glamorosa. Por un lado, el mundo bucólico de las chacras, los canales de riego y los cielos límpidos y tremendamente azules del norte de la Patagonia enmarcan el verde de las líneas de frutales en las plantaciones prolijamente trabajadas. Un mundo que cambia con las estaciones: la explosión de flores en la primavera y el color intenso de los frutos en el verano son un oasis que corta miles de kilómetros de estepa. Por otro, los empacadores comercializadores, las estrellas de la actividad, relatan sobre los precios en los mercados de ultramar, mechan las cotizaciones del rublo y el euro con el precio del petróleo y los valores de los fletes marítimos. Hasta parece que supieran. Muchos viajan por el mundo y hablan con naturalidad de San Petersburgo, Rotterdam, San Pablo. Algunos quisieron al kirchnerismo de los primeros años, todos lo odiaron después, cuando el diferencial cambiario favorable se esfumó y las retenciones y los aumentos de salarios se convirtieron en los principales enemigos. En una mesa de vereda de café, en una noche cualquiera, puede escucharse cuál es el mejor lugar para alojarse en los destinos más remotos de Europa o el norte de África: los mercados de destino. Estados Unidos es sobre todo para los jugos concentrados, la pata industrial de la actividad, un negocio controlado por unas pocas empresas que trabajan con la fruta de descarte; la que no alcanza la calidad para el empaque y que año a año marca el piso de los precios recibidos por los productores.


El mundo de los chacareros independientes, los que le venden su producción al empaque, es completamente diferente. Décadas atrás eran la clase media o media alta de los pueblos que aspiraban a ciudades, los que “cambiaban la camioneta” o el auto cada dos años, viajaban a Europa en el letargo invernal y mandaban a sus hijos a las universidades de Bahía Blanca, La Plata y Buenos Aires. La actividad frutícola era también destino habitual de los excedentes. Muchos profesionales liberales y comerciantes que prosperaban se compraban su chacra. En el presente todo cambio. Los chacareros son predominantemente personas mayores relativamente empobrecidas cuyos hijos, casi con seguridad, no piensan ni añoran seguir con la actividad, a la que muy probablemente detesten por el sufrimiento provocado en sus padres. Y por supuesto, salvo el gran capital, nadie en su sano juicio económico invierte en una pequeña explotación.


En la etapa de auge, quizá mediados de los ’70, los productores independientes llegaron a ser más de 15.000. Hoy, según las fuentes, varían entre 1.500 y 2.500. Quienes ya no están vendieron sus tierras a precios de ganga ahogados por deudas. Sólo unos pocos lograron salir a tiempo o lotearon si tuvieron la fortuna de tener chacras suburbanas. Ya no son lo que la sociología denomina “el sujeto social preponderante” de la región. Y un dato triste, la pasada década de expansión económica no fue para ellos una década ganada. La fruticultura se volvió una actividad de empresas empacadoras comercializadoras que trabajan con un porcentaje siempre creciente de producción primaria propia, firmas que avanzaron sobre las tierras de los mismos chacareros a los que primero ahogaron financieramente a través de un sistema de comercialización abusivo, una supuesta entrega en consignación que en realidad no es otra cosa que una venta sin precio, valor que a diferencia del resto de los insumos, el empresario paga a discreción y al final del ciclo.


Pero a no confundirse: no se trata de los habituales procesos de concentración e integración productiva en un marco capitalista que, vía cambio tecnológico, premian el aumento de escala, sino de un proceso “vicioso” en el que las empresas crecieron y se integraron verticalmente en un marco de achicamiento del circuito y expulsión de los actores más débiles, con pérdidas de calidad y cantidad de la fruta producida y caída de relevancia entre los competidores hemisféricos. No hay que dejarse encandilar con el dato de “primeros exportadores mundiales de peras” porque es el resultado de malas decisiones de reconversión productiva, apoyadas desde el propio Estado y en detrimento de las manzanas.


Frente a la pregunta de por qué se produjo esta transformación violenta, la primera respuesta es que siempre existió el diagnóstico de las situaciones que llevaron al ocaso del circuito. Desde hace décadas se sabe que ningún chacarero puede resistir sucesivas cosechas cobrando su fruta por debajo de los costos de producción. También se conoce al detalle el sistema de comercialización en “falsa consignación” que posibilitó los abusos de posición dominante de los empacadores: una situación de oligopsonio (competencia imperfecta, según su definición) en la que unas pocas comercializadoras controlan los precios de compra a una multitud de oferentes y en la que hasta la teoría económica más convencional aconseja la intervención pública. No faltaron tampoco las descripciones al detalle de las asimetrías de poder e información en el proceso de formación de los precios primarios.


Lo que funcionó a la perfección fue el sistema de legitimación social de los abusos vía una prensa hegemónica vinculada al capital exportador que creó una falsa conciencia entre los productores primarios. Solo así se entiende que los chacareros hayan tenido hasta ayer nomás los mismos reclamos de política que los exportadores: eliminación de retenciones y mejora del tipo de cambio, cuando en el mundo real estas variables históricamente no influyeron en los precios recibidos. Lo que está por atrás, además del síndrome de Estocolmo de los chacareros, es una suerte de teoría del derrame: la falsedad de creer que si los exportadores ganan más, pagarán más por uno de sus insumos; precisamente el que utilizan para financiarse y descargar los riesgos de la actividad.


Lo que funcionó realmente mal fue el sistema político que desdeño las situaciones de abuso en el mercado y decidió activamente no meterse en las transacciones entre chacareros y empacadores, posibilitando la libertad del zorro en el gallinero. El mecanismo es simple: El empacador adquiere la sumatoria de insumos para su producto, que es la caja de fruta embalada que después guarda en cámaras frigoríficas a la espera de su venta, que ocurre durante el año, a lo que se suma la logística de transporte y comercialización. Todos los insumos y mano de obra necesaria que demanda debe pagarlos al contado y con un precio determinado, menos uno: la fruta, que paga cuando quiere y al precio que quiere y abona como “valor residual” al final del proceso, que empieza con la entrega de la fruta por parte del chacarero y termina cuando cobra sus ventas tanto al mercado interno como exportación.


Los gobiernos provinciales de la UCR, que rigieron entre 1983 y 2011, hicieron algunos intentos leves por establecer algunas reglas para la primera “venta/entrega”. Así surgieron las legislaciones provinciales que no fueron de orden público, como las leyes de transparencia, y la fijación de precios referenciales mediáticos vía el impulso a los estudios de los costos de producción, realizados por las Universidades y el INTA, y su difusión pública, acciones siempre rechazadas por los empresarios oligopsónicos que cuestionaron su “constitucionalidad”.


A su turno, el kirchnerismo desatendió desde Nación incluso estos pocos avances y ni siquiera intentó darle carácter obligatorio a los viejos instrumentos. Fiel al estilo federal peronista, dejó los problemas provinciales en manos de los referentes provinciales; un error con el diario del lunes y también del viernes, pues resulta indispensable una ley nacional que regule la comercialización de productos perecederos. La intervención en el circuito fue a través de dos patas principales. Las gestiones del senador Miguel Pichetto ante Nación y una secretaría del Ministerio de Agricultura nacional, conducida por Carla Campos Bilbao. Pichetto fue un decidido gestor de los intereses empresarios. Por si existiera alguna reserva, basta recordar que al momento de lanzar su última perdidosa candidatura a gobernador presentó como su referente económico a uno de los empresarios más rapaces del circuito frutícola: Hugo Sánchez, titular de Patagonian Fruit, devenida ya en la principal comercializadora regional, y conductor de hecho de CAFI, la cámara que agrupa a los exportadores, es decir; es el líder del cartel. El exportador es además socio en Patagonian de Carlos “Caco” Laría, a su vez accionista del diario ultraliberal Río Negro, el Clarín local. El sobrenombre “Caco”, vale reconocer, es anterior a su actuación en el circuito frutícola. Un dato de color: Investigaciones periodísticas encontraron que el hermano de Caco, apodado “Coya”, quien hasta poco tiempo atrás dirigió el diario Río Negro, era el titular de dos firmas comercializadoras registradas en España cuya actividad era comercializar en Europa la fruta de Patagonian.


En una reciente entrevista a una radio porteña (Radio Cooperativa AM770, 1° de febrero), Sánchez dejó algunas definiciones interesantes. Sostuvo que “tuvimos un gobierno populista que no atendió las necesidades de las economías regionales y la economía argentina”, una afirmación por lo menos controversial para quien fuera presentado por Pichetto como su referente económico y “empresario nacional”. Y, por cierto, también desagradecidas, pues el senador le abrió la puerta de todos los despachos nacionales, le consiguió una rebaja de retenciones del 10 al 5 por ciento y reembolsos a las exportaciones por puerto patagónico del 8 por ciento. Según señalaron ex funcionarios del Ministerio de Economía a CIC, las quejas habituales de Sánchez eran, amén de impositivas y arancelarias, por los sobrecostos de mano de obra de los feriados nacionales estivales y por la cartelización de las proveedoras de cajas de cartón; quienes desde 2007 habrían duplicado el costo en dólares del insumo. “Cosas vederes, Sancho”; uno de los principales representantes del oligopsonio frutícola que redujo prácticamente a la extinción a los chacareros quejándose de un cartel. Sánchez también dejó un poco de desprecio para los chacareros que se quejan por los bajos precios recibidos. “Lo que pasa –dijo sobre las quejas– es que hay un sector de los productores siempre rebeldes que tienen como consigna desde que nacieron pedir un precio anticipado para la fruta, un precio que es muy difícil de garantizar frente a todo el escenario de costos y de mercado”.


La tarea de Carla Campos Bilbao fue igualmente funcional a los intereses del oligopsonio. Su primer paso en la región fue desarticular el PFI, el Plan Frutícola Integral, un trabajo de diagnóstico y consenso horizontal entre los actores, de lenta construcción, con propuestas de políticas centradas en la reconversión productiva y la transparencia comercial, que fue boicoteado a último momento por los exportadores con la excusa de que no incluía baja de retenciones. Luego, Campos diagnosticó que la solución al problema de la comercialización no se resolvía con trazabilidad comercial, un sistema de información y contratos que obliguen a un precio, sino con la construcción de cámaras de frío para que cooperativas de productores guarden su fruta. Parecía interesante en los papeles. Algunas cámaras de frío se construyeron, otras terminaron al poco tiempo en manos de los mismos empresarios, y las cooperativas no funcionaron. Un claro ejemplo de políticas pensando en el uso de recursos presupuestarios para generar posibles fidelidades territoriales, pero sin ponderar la respuesta de los actores realmente existentes y, sobre todo, sin meterse en la relación central de transferencia de renta; la primera venta/entrega. Si estas políticas producen alguna duda, basta con mirar los resultados: ni efectos en los precios ni freno a la salida de los productores del circuito.


El panorama presente es desolador y confirma las predicciones repetidas en el pasado; a saber: ni las retenciones ni el nivel del tipo de cambio guardan relación alguna con el precio recibido por el productor primario y, en consecuencia, no frenan la continuidad de la extracción intrasectorial de renta. Volvamos al Sánchez de la radio; “las medidas que venimos reclamando desde hace 7 u 8 años este gobierno las otorgó apenas asumido: quita de retenciones, unificación del tipo de cambio (devalaución) y trasbordo de contenedores en Uruguay”. Lo que dice el empresario, salvo los trasbordos para poder triangular exportaciones con Uruguay, fue también lo que colaron como reclamo todos los comunicados de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, cuya principal preocupación, en tanto productores primarios, se supone era el precio recibido en la primera venta, el determinante de la rentabilidad de sus operaciones.


Conseguidas las reivindicaciones, ya en la segunda semana de febrero y concluida la cosecha de peras Williams, lo resultados están a la vista: a pesar de que hay escasez relativa de peras, un 30 por ciento menos que otros años, el precio recibido por los productores en puerta de sus establecimientos y “a clasificar” ronda, en promedio, 2,5 pesos por kilo. El costo de producción, según cálculos de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, ronda los 32 centavos de dólar el kilo, casi el doble. Según los propios empresarios, aunque existen preocupaciones fundadas por la demanda brasileña, que seguramente jugará con las barreras sanitarias, el resto del mundo augura buenas ventas y los precios del petróleo sumarán a favor en materia de fletes internacionales.


Dado el contexto es posible concluir con un ejercicio matemático muy simple. Dejando de lado la devaluación del 40 por ciento y tomando solamente los precios de exportación FOB declarados por los exportadores en 2014 y 2015, un valor promedio posible y bajo para la caja de peras de 18 kilos es de 17 dólares. La eliminación de retenciones del 5 por ciento más el reintegro por puerto patagónico del 8 por ciento suman entonces 2,21 dólares; una transferencia del Estado de aproximadamente 1,8 pesos por kilo. Kilo que este año fue pagado al productor 2,5 pesos antes de los descartes. La transferencia recibida por los exportadores por las políticas macristas, excluida la devaluación, se equipara entonces a los precios pagados por la fruta, que no recibieron mejora alguna.
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