La Cámara de Representantes reemplazó el artículo de la Ley de Bioinsumos que vedaba el herbicida en toda la provincia. Entre cálculos de rentabilidad, internas políticas y presión de las entidades rurales, el giro reabre el debate en la principal zona productora de yerba del país. El INYM aclara que el cambio no implica, por sí solo, presencia del compuesto en el producto.
El 3 de septiembre de 2026, la Cámara de Representantes de Misiones sancionó la Ley VIII N.º 124. La norma, publicada en el Boletín Oficial el 10 de septiembre, modificó la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos y reemplazó, entre otros cambios, el artículo que prohibía el glifosato en todo el territorio provincial. Con eso se cortó un proceso de transición que había arrancado tres años antes.
La decisión tiene alcance nacional. Según se recordó en el debate público, cerca del 80% de la hoja verde con la que se prepara el mate en el país proviene de Misiones. Por eso, desde que se conoció la modificación, circularon en redes y medios advertencias sobre posibles riesgos para trabajadores, comunidades y consumidores.
El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), difundió un comunicado para “evitar interpretaciones incorrectas”.
Qué cambió exactamente en torno a la yerba
Con la reforma, el glifosato deja de estar prohibido por una norma específica en la provincia y vuelve a regirse por el marco general que se aplica a los fitosanitarios.
Según el INYM, eso no habilita un uso “desmedido ni sin controles”: el producto sigue sujeto a las condiciones y exigencias ambientales fijadas para este tipo de insumos.
El organismo subrayó además que la eliminación de una prohibición provincial no reemplaza ni deja sin efecto las obligaciones nacionales. Todos los fitosanitarios deben estar registrados y autorizados por el SENASA, que certifica su comercialización, fija los límites máximos de residuos y publica el listado de productos inscriptos.
Antes de aplicar cualquier producto, indicó el INYM, hay que verificar tres cosas:
- que la inscripción ante el SENASA esté vigente;
- que exista autorización específica para el cultivo a tratar (la llamada extensión de uso);
- que se respeten las indicaciones del marbete correspondiente.
Cronología: de la prohibición a la marcha atrás
22 de junio de 2023. Misiones sancionó la Ley VIII N.º 103, de Promoción de la Producción de Bioinsumos, publicada en el Boletín Oficial el 4 de julio de 2023. Su artículo 7 prohibía el glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia, pero con un período de transición de dos años: la veda debía comenzar el 4 de julio de 2025.
29 de julio de 2024. El Decreto 1608 dispuso una prórroga de cinco años, contados desde la fecha prevista para el inicio de la prohibición. Estaba destinada a determinados sectores productivos que debían cumplir estándares específicos de comercialización. Para acceder, los productores debían acreditar esas exigencias y presentar un plan de transición hacia métodos amigables con el ambiente. El decreto se publicó el 6 de agosto de 2024.
24 de junio de 2025. La Resolución 52 habilitó el registro para acceder a esa prórroga.
3 y 10 de septiembre de 2026. La Cámara sancionó y el Boletín Oficial publicó la Ley VIII N.º 124. Según los fundamentos de la reforma, entre las razones se mencionaron los costos productivos y la falta de alternativas disponibles, eficaces y autorizadas.
“El cambio normativo en la Provincia de Misiones eliminó la prohibición específica sobre el uso del glifosato, por lo que el producto vuelve a regirse bajo el marco regulatorio general aplicable a los fitosanitarios”, sostienen en el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Cómo se había construido el consenso de 2023
Para el periodista Sergio Alvez, consultado por Canal Abierto, en 2023 los apoyos a la ley tenían que ver con argumentos sanitarios y ambientales, “respaldados por sobrada evidencia científica”: reducir la exposición de la población a los agroquímicos y proteger el suelo, el agua y la biodiversidad.
Además, la provincia tenía antecedentes. Alvez menciona una ley de 2018 que prohibía la fumigación con agrotóxicos en ejidos urbanos y una ordenanza de 2012 en Montecarlo que directamente vedaba su uso en todo el distrito.
Ernesto Cándido Ojeda, titular de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Agrarios de la República Argentina (FeTARA-CTA), recuerda que en 2023 vieron la norma “con buenos ojos y hasta con sorpresa”, sobre todo por lo que implicaba para el trabajador no tener que “manipular veneno”. También señala su límite: era una medida provincial, aislada de lo que ocurría en el resto del país.
Por qué se volvió atrás: las lecturas
Los entrevistados coinciden en que no hay una causa única. Alvez habló de “un combo de cuestiones”.
La presión de las entidades rurales. Ojeda recuerda que ya en 2023 la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otras entidades, presentaron una denuncia de inconstitucionalidad contra la ley ante la Corte Suprema de la Nación.
El malestar de pequeños productores. Según Alvez, reconocían la cuestión sanitaria pero veían que las alternativas implicaban “mayor costo de mano de obra, de combustibles” y afectaban los rendimientos. Sostiene que en 2025 empezaron los cuestionamientos más formales, con el argumento de que “no existía un reemplazo que justificara la eliminación del glifosato”.
La interna política. Alvez ubica la reforma en una disputa dentro del oficialismo provincial. Carlos Rovira, diputado y referente histórico del Partido de la Concordia, fue uno de los principales impulsores de la ley de 2023, pero hoy, según el periodista, se encuentra “limado” por el sector del gobernador Hugo Passalacqua. A eso suma las sospechas por los vínculos de Ramiro Rovira, hijo de Carlos, con la empresa Agro Sustentable, contratada por la provincia para proveer gratuitamente los bidones de bioinsumos durante la transición. Alvez las menciona como un factor que erosionó el consenso original.
El contexto nacional. Ojeda atribuye parte del problema a la política del gobierno de Javier Milei hacia el sector: la eliminación de los precios mínimos y la pérdida de funciones del INYM. “Como se achicó el margen de rentabilidad de la producción de la yerba (…) los productores van a buscar la ganancia y al buscar la ganancia van a ir al agrotóxico”, afirmó. Para el dirigente, “solamente un estado nacional puede planificar a largo plazo” una salida de los agroquímicos.
Alvez fue más crudo en su balance: “Se volvió atrás con el discurso, y sí, es un poco un mamarracho”.
La postura del INYM: tranquilidad y buenas prácticas
El instituto buscó desactivar lecturas alarmistas y planteó varios puntos:
Cómo se usa en los yerbales. La yerba mate argentina no es un cultivo transgénico tolerante al glifosato, como sí lo son otras especies (maíz, soja, etc.). El herbicida no se aplica sobre la planta como tratamiento general. Cuando se usa para controlar malezas, la aplicación es dirigida, evitando el contacto con hojas, brotes y tallos verdes.
Alternativas de manejo. El INYM enumera el desmalezado manual, el manejo mecánico (azada, motoguadaña o implementos adaptados), el mantenimiento de cubiertas verdes, el manejo de la altura y composición de la vegetación y el control químico localizado, conocido como “manchoneo”.
Uso responsable. Si se emplea un producto autorizado, deben respetarse íntegramente las instrucciones del marbete y de la hoja de seguridad: dosis, equipos, protección personal, restricciones y período de carencia. Las aplicaciones, indicó, deben hacerse con criterio y recomendación de un profesional idóneo.
Compromiso con la sustentabilidad. “Ni el glifosato es una herramienta de uso libre de riesgos, ni la actualización normativa implica un riesgo de contaminación para nuestra yerba mate”, sostiene el comunicado. El instituto afirma que, desde la creación de su Servicio de Extensión Yerbatero (SEY), promueve el manejo integral y sustentable y busca reducir la dependencia de insumos externos como el glifosato.
Autorización no es presencia en el alimento
El INYM insiste en una distinción que, dice, suele confundirse en redes:
- Autorización regulatoria: indica que un producto puede comercializarse y usarse para los usos expresamente aprobados. Es lo que Misiones había limitado.
- Límite Máximo de Residuos (LMR): la concentración máxima permitida en el alimento, calculada con márgenes de seguridad toxicológica. Para la yerba mate en Argentina, según el instituto, es de 0,5 mg/kg de glifosato.
Por eso, concluye, la modificación legal “no constituye evidencia” de que la yerba elaborada y comercializada contenga residuos. Para afirmar presencia o ausencia hacen falta resultados analíticos, trazabilidad de las muestras y criterios oficiales de evaluación. El marco general lo da el Código Alimentario Argentino.
Qué dice la evidencia sobre salud
El glifosato sigue siendo objeto de evaluaciones que no coinciden. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo clasificó como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” (grupo 2A), con evidencia limitada en humanos y suficiente en animales de experimentación.
Esa clasificación identifica un peligro; el riesgo de una exposición concreta depende de la cantidad, la vía y la duración.
En 2022, el comité de evaluación de riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) concluyó que la evidencia no cumplía sus criterios para clasificarlo como cancerígeno.
Como contexto histórico: Monsanto lanzó el herbicida Roundup, a base de glifosato, en 1974. La empresa participó en la fabricación del agente naranja usado en la guerra de Vietnam, pero el glifosato no formaba parte de esa mezcla.
Lo que queda abierto
La reforma deja varias preguntas.
Los trabajadores rurales plantean que quienes manipulan los agroquímicos son los más expuestos, y que la regulación nacional no reemplaza una política de transición con acompañamiento.
Los productores que reclamaron la modificación sostienen que, sin alternativas eficaces y económicamente viables, la prohibición se volvía inaplicable.
Y para los consumidores, la discusión de fondo es la información: qué manejo se hace en cada chacra y qué controles existen sobre los residuos.
Para quienes quieran evitar el herbicida, el único sistema de producción que lo excluye explícitamente es el orgánico certificado, fiscalizado por el SENASA. Para conocer residuos en un lote concreto, la vía son los análisis de laboratorio con muestras identificadas.
