La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas rechazó los nuevos lineamientos para regular el delivery y advirtió que la Ciudad pretende responsabilizar a los establecimientos por la ocupación de las veredas. Apyce sostiene que los locales no tienen autoridad sobre los trabajadores de las aplicaciones y reclama que las obligaciones recaigan sobre las plataformas.
La regulación de los servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio en la Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto con el sector gastronómico. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), rechazó categóricamente los lineamientos establecidos por el Gobierno porteño y cuestionó que se pretenda trasladar a los comercios la responsabilidad por la ocupación del espacio público que realizan repartidores que no dependen de sus estructuras comerciales.
Qué establece la nueva regulación porteña
La controversia se originó a partir de los Lineamientos para el Ordenamiento Urbano de los Servicios de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio, incorporados mediante la disposición identificada como IF-2026-47675597-GCABA-DGFIS. La resolución fue publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial de la Ciudad y establece criterios para ordenar la actividad de mensajería y delivery, con restricciones sobre la utilización del espacio público.
Uno de los puntos centrales de la regulación alcanza a los establecimientos gastronómicos, que deben contar con sectores interiores o áreas habilitadas para que los repartidores puedan esperar los pedidos sin obstaculizar la circulación peatonal. La medida apunta a evitar la concentración de motos y bicicletas en veredas, rampas y ciclovías, pero para APYCE supone asignarles a los locales obligaciones que no están en condiciones de cumplir.
La disposición también contempla distintos elementos que podrán ser considerados por los inspectores para determinar si un comercio está vinculado con la espera de repartidores en la vía pública.
Entre ellos figuran la presencia de trabajadores aguardando pedidos frente al establecimiento, la frecuencia con la que ingresan y salen, la entrega de mercadería por parte de los empleados y la existencia de carteles o señalizaciones que indiquen un sector destinado al despacho de encargos.
Ante posibles irregularidades, los agentes podrán labrar actas o poner la situación en conocimiento de las autoridades correspondientes.
La responsabilidad sobre los repartidores, en el centro de la disputa
Para la asociación, el problema central es la atribución de responsabilidades sobre personas que no mantienen ningún vínculo laboral, contractual ni comercial con los establecimientos. Los repartidores no son empleados de los comercios, que no los seleccionan, contratan ni tienen potestad para impartirles instrucciones o controlar sus movimientos.
“Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo”, sostuvo APYCE al fundamentar su rechazo. La entidad remarcó que el ordenamiento del espacio público constituye una función propia e indelegable del Estado y que las dificultades de la administración porteña para ejercerla no justifican trasladar esa responsabilidad a los particulares.

APYCE cuestiona las facultades del Gobierno porteño
El cuestionamiento también tiene una dimensión jurídica. APYCE advirtió que los lineamientos permiten imputar a un establecimiento incluso cuando no existe relación alguna con la persona que ocupa la vereda. Según la organización, se le exige un resultado a quien carece de los medios para alcanzarlo, imponiéndole una responsabilidad de carácter objetivo que considera improcedente.
En ese sentido, señaló que un anexo dictado por el Poder Ejecutivo local no puede establecer responsables que la ley no creó. La determinación de los supuestos en los que una persona debe responder por el hecho de un tercero, sostuvo, corresponde al Congreso de la Nación y, en materia de faltas, a la Legislatura porteña.
La asociación también observó una contradicción en el alcance de la disposición: aunque el anexo afirma que sus disposiciones se limitan al espacio público y dejan a salvo las competencias de otras autoridades, termina construyendo un vínculo entre los comercios y los repartidores que la legislación no reconoce, con consecuencias que exceden ampliamente la cuestión urbana.
En el centro de la discusión aparecen las plataformas digitales. Para APYCE, son las empresas que administran las aplicaciones las que tienen capacidad efectiva para organizar el sistema de entregas: asignan los pedidos, establecen los tiempos, deciden cuándo enviar a cada repartidor y determinan dónde debe esperar.
Por esa razón, la entidad considera que las obligaciones vinculadas con esa operatoria deben recaer sobre las compañías y no sobre los establecimientos gastronómicos.
El planteo tiene además un componente comercial. APYCE advirtió que los propios locales son perjudicados por la ocupación de las veredas, ya que la acumulación de repartidores en los accesos puede dificultar el paso de los peatones y desalentar a los clientes que llegan caminando. En ese escenario, consideran inadmisible que se les atribuyan las consecuencias de un modelo de plataformas que no diseñaron ni controlan.
El conflicto tiene como antecedente el convenio de buenas prácticas que el Gobierno porteño firmó con Rappi y PedidosYa. Aquel acuerdo contemplaba compromisos relacionados con la seguridad vial y la organización de espacios para que los repartidores pudieran esperar los pedidos sin ocupar las veredas.
Sin embargo, para las entidades del sector, la nueva regulación no resuelve el problema de fondo si las empresas que administran el servicio no asumen mayores responsabilidades.
Frente a este escenario, APYCE solicitó al Gobierno de la Ciudad que deje sin efecto la imputación de responsabilidades a los establecimientos, ejerza su autoridad sobre las plataformas y sus repartidores y convoque a una mesa de trabajo con las entidades representativas del sector. La asociación también reservó expresamente el ejercicio de todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan.
El reclamo de los repartidores y el antecedente de Morón
La posición de los gastronómicos encuentra coincidencias con el reclamo del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), que también cuestionó que las nuevas disposiciones trasladen obligaciones a quienes no tienen capacidad para organizar las condiciones generales de la actividad. El gremio considera que la presencia de motos, bicicletas y trabajadores en veredas y ciclovías está directamente relacionada con la falta de infraestructura proporcionada por las empresas.
“Las empresas no colocan paradores en los barrios donde podamos esperar los pedidos, y ni siquiera colocan bicicleteros en todos los locales donde operan”, sostuvo la organización. Entre sus principales demandas figuran la instalación de bicicleteros en todos los comercios que trabajan con entregas a domicilio y la creación de paradores en los barrios, con prioridad para las zonas de mayor concentración de repartidores.
Sitrarepa, que todavía no cuenta con personería jurídica y señala que reúne a unos 3.000 afiliados, también reclama que los trabajadores no reciban sanciones por inconvenientes derivados de la falta de infraestructura y que el sindicato tenga participación en las discusiones sobre cualquier regulación que afecte sus condiciones laborales.
La dimensión del sector está reflejada en los datos de mercado de PedidosYa, que cuenta con más de 60.000 repartidores activos por mes en todo el país.
Uno de los antecedentes que aparece en la discusión es la experiencia desarrollada en el municipio bonaerense de Morón. A fines de 2025, la Municipalidad inauguró junto con PedidosYa la primera estación de descanso y reabastecimiento del país, dentro de un programa destinado a acercar herramientas, beneficios y capacitaciones a quienes trabajan con aplicaciones.
El espacio cuenta con estacionamiento para motos y bicicletas, mesas, cargadores de celulares, agua y lockers.
La experiencia constituye una referencia para quienes reclaman una mayor participación de las plataformas en la organización de la actividad. Tanto APYCE como Sitrarepa sostienen que la regulación del reparto no puede limitarse a imponer obligaciones a los comercios o a los trabajadores, sino que debe contemplar la responsabilidad de las empresas que administran los sistemas de entrega y tienen capacidad para proporcionar la infraestructura necesaria.

